800.000 profilácticos que debían destruirse se pusieron a la venta y la Policía Nacional detuvo a tres personas, dos de ellas empleados de una empresa de gestión de residuos acusados de un delito contra la salud pública. El suceso se instruye en los Juzgados de Guadalajara por distribuir y comercializar los preservativos en mal estado que habían sido enviados para su destrucción. Entre ellos había lotes que presentaban defectos de fabricación, caducados o próximos a caducar, etc. En cualquier caso estaba total y absolutamente prohibida su venta o comercialización y el fabricante pretendía retirarlos del mercado pero contrato mal con las tremendas repercusiones que eso podría llevar a la marca de preservativos.
ASEGRE- Asociación de Empresas Gestoras de Residuos y Recursos Especiales se ha personado como parte interesada en el caso y tiene como uno de sus objetivos prioritarios la denuncia de las malas prácticas existentes en este sector desde el año 2010. Desde Destrupack celebramos estas iniciativas porque conocemos estas irregularidades en los recuperadores y nos es inviable actuar para proteger esta industria en España de la que vivimos y que cuenta en la destrucción de documentación a numerosas empresas de ese perfil mezclados con los verdaderamente conscientes de los que implica la seguridad. Es una pena que una minoría pueda destrozar el trabajo bien hecho de todo un colectivo.